Continuando con dicha idea, hoy en día la pandemia del Covid -19 no es la realidad de nuestra existencia, por fortuna, pero el teletrabajo sigue siendo la respuesta a muchas otras crisis que siguen latentes en la sociedad dominicana, como el colapso del tránsito, la contaminación ambiental, la decadencia de la salud mental, entre otras.
El pasado 10 de octubre del año en curso (2024), el Ministerio de Trabajo de la República Dominicana hizo formal entrega al Congreso Nacional del Proyecto de Reforma Laboral, con el cual se pretende modernizar el Código de Trabajo dominicano que, tras 32 años de vigencia, se ha quedado al margen de los nuevos tiempos y las tendencias laborales vanguardistas. Si bien, entre los aspectos del Proyecto que más han acaparado la atención de la opinión pública y de diversos sectores productivos del país, se encuentran los relativos a la cesantía, las/os trabajadores/as domésticas/os, la licencia de paternidad y las vacaciones; realmente resulta importante prestar interés y esmero a todo lo relativo al teletrabajo que trae consigo el proyecto.
En resumidas cuentas, la necesidad impostergable de convertir en tendencia el teletrabajo para mayor eficiencia general de las relaciones laborales en nuestro país, debe de encontrar su punto de partida y principal apoyo en la regularización legal de esta modalidad. Actualmente en la República Dominicana, algunos aspectos del teletrabajo son tímidamente regulados por resoluciones del Ministerio de Trabajo, pero es de vital importancia que el nuevo Código de Trabajo dominicano enfatice de manera más objetiva y extensa esta modalidad laboral, estableciéndose en el mismo, de manera detallada: definiciones, obligaciones, derechos y herramientas. Aspectos como el costo de la utilización y el mantenimiento de equipos en el teletrabajo, la capacitación de los trabajadores en este nuevo método y el respeto a los horarios de los empleados, entre múltiples otros, son temas que no pueden ser pasados por alto ni se pueden ahorrar esfuerzos en su regularización en el nuevo Código que resulte de las iniciativas actuales del gobierno y el poder legislativo.